Resumen: Se impugna el Auto del Juzgado de Menores que acordó la medida de internamiento en régimen semiabierto por tiempo máximo de 6 meses. Se solicita que se deje sin efecto el internamiento y se sustituya por la medida cautelar de libertad vigilada. Alega el apelante que la medida de libertad vigilada sería la más adecuada porque al menor nunca se le había impuesto una medida anterior, no ha incumplido pautas determinadas por el equipo técnico, y debido al rebrote en la pandemia de coronavirus se ha prohibido el contacto con los menores. La Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, permite acordar medidas cautelares, entre ellas el internamiento en centro adecuado, cuando existan indicios racionales de la comisión de un delito y el riesgo de eludir u obstruir la acción de la justicia por parte del menor o de atentar contra los bienes jurídicos de la víctima. Para la adopción de la medida cautelar de internamiento se atenderá a la gravedad de los hechos, las circunstancias personales y sociales del menor, la existencia de un peligro cierto de fuga, y, especialmente, el que el menor hubiera cometido o no con anterioridad otros hechos graves de la misma naturaleza. En el auto impugnado se razona que es un menor sin domicilio fijo, sin medios de vida conocidos, inmerso en una espiral delictiva relacionada con su entorno, y con el que la intervención de la DGAIA ha resultado inviable, por lo que el recurso se desestima al estimar necesaria la medida.
